“En primer lugar quisiera expresar que hemos
recibido un pedido de informe que realizamos el año pasado, el cual no cumple
con los datos correspondientes, pero que además es muy pobre en la información
y en los datos. Me gustaría que en algún momento recordáramos, a través de la
Junta a los jerarcas de la Intendencia de Durazno, la importancia de nuestro
rol como ediles y edilas, para que se respete un poco cuando se elabora un
informe y que se considere el acceso a la información del representante duraznense,
porque me parece que es pura hoja y no dice nada.-
En otro orden de cosas, me gustaría expresar
algunas ideas con respecto a la Baja de la Edad de Imputabilidad y mi opinión
de que no resuelven los problemas de seguridad sino que los agravan. Está
comprobado que en los países que se han implementado estas medidas no se ha
tenido como resultado un aumento en la seguridad, por el contrario, la política
de mano dura ha demostrado especializar y profundizar la violencia. En un
estudio, por ejemplo, de la Universidad de Texas en Austin, ha mostrado que ha
dejado un desastroso resultado de estas prácticas judiciales que consisten en
juzgar y condenar a menores como adultos. En el sistema judicial adulto los
niños tienen tendencia a reincidir y cuestan dos veces más caros, si hablamos
en términos económicos, además de que no escarmientan por el juicio, ya que, en
la investigación científica lo prueba que el cerebro de un niño está todavía en
desarrollo, lo que afecta a sus impulsos y su capacidad para controlar actos,
estos son estudios realizados en el 2009 por autoridades en las áreas de
medicina y sicología en el mundo. Procesar a adolescentes como adultos, solo
reafirmara al adolescente en su rol de delincuente y lo acerca al mundo adulto
del delito, garantizando su temprano perfeccionamiento en este y alejándolo de
toda chance de reintegración social según un dato del departamento estadístico de
la Suprema Corte de Justicia. Las infracciones cometidas por los y las
adolescentes constituyen el 5.9 % del total de los procesamientos de nuestro
país, aplicando el sentido común, creemos que focalizándonos en ese problema
podremos reservarlo con el plebiscito pautado
del total de los delitos de los adolescentes el 2 % total son: contra la
persona como los homicidio y homosexuales, el 98 % son contra la propiedad
hurto y rapiñas; en el 2009 hubo en nuestro país trece mil denuncias por
violencia domestica y treinta y dos mujeres muertas, veintidós mil setecientos
treinta y cuatro por accidentes de tránsito con cuatrocientas sesenta y siete víctimas
fatales y quinientos cuarenta y ocho suicidios. ¿Son los y las adolescentes los
responsables del dolor y del peligro en el Uruguay? Los y las adolescentes no
son impunes, son los responsables penalmente a partir de los 13 años y cumplen
por ello pena de privación de libertad, según la Convención de los Derechos del
Niños y el Adolescente, ratificada por Uruguay en el año 1991 y la adecuación legislativa
ocurrida con el Código de la Niñez y Adolescencia en el año 2004, Uruguay
cuenta con un Sistema Nacional Juvenil que tiene por objetivo regular las
conductas delictivas que puedan cometer los y las adolescentes en nuestro país,
de acuerdo a los estándares internacionales la respuesta penal más usada es la
privación de libertad del adolescente que no es otra cosa que el encarcelamiento
y puede alcanzar a los 5 años de reclusión, esto acompasa a lo que ocurre en
los países de América Latina y Europa en donde el promedio de edad de ingreso a
un sistema penal juvenil es de 12 años en América Latina y a los 14 años en
Europa y al sistema penal de adultos es de 18 en ambas regiones. Las fugas de
los y las adolescentes con medidas de privación de la libertad pueden
solucionarse sin ninguna reforma constitucional, con un adecuado funcionamiento
de las instituciones encargadas del cumplimiento de las medida privativas de
libertad con condiciones de trabajo apropiadas y mayores niveles de
profesionalización de las fugas, pueden disminuirse significativamente las
mismas”.
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